Por Jaime
Martínez Veloz
La fecha
del 16 de Febrero en el año 1996 (hace casi
26 años), en el Municipio de San Andrés
Larrainzar del Estado de Chiapas, nos
remonta a uno de los episodios de mayor
relevancia en la vida nacional, me refiero
al proceso de negociación llevado a cabo en
los años 1995 y 1996, entre el Gobierno
Federal y el EZLN, en los Municipios de San
Andrés Larrainzar y San Cristóbal de las
Casas, donde las delegaciones de cada una de
las partes, acordaron la definición de una
agenda, que abarcaba varios temas, siendo el
primero de ellos el de “Derecho y Cultura
Indígena”.
El proceso
de negociación y su primer producto,
conocido con los años como los “Acuerdos de
San Andrés Larrainzar”, fueron firmados el
16 de febrero de 1996, después de una
intensa etapa de construcción de consensos,
donde participaron representantes de pueblos
indígenas de todo el país invitados por
ambas delegaciones.
Como anécdota puedo referir, que al margen
de que los representantes fueran invitados
por el Gobierno o por el EZLN, todos ellos
compartían un mismo diagnóstico por lo que
la formulación de propuestas, conclusiones y
compromisos se caracterizó por una amplia
unanimidad.
Al margen
de los Partidos o los intereses de cada
representante, se compartían objetivos,
anhelos y sueños comunes.
En los
meses posteriores a la firma de los Acuerdos
de San Andrés, ante la dificultad para que
las Delegaciones del Gobierno Federal y del
EZLN encontraran una fórmula consensuada,
que permitiera trasladar al texto
constitucional, los Acuerdos de San Andrés,
las partes en conflicto, o sea el Gobierno
Federal y el EZLN, le solicitaron a la
Comisión de Concordia y Pacificación, la
elaboración de una propuesta de iniciativa
de modificaciones constitucionales,
partiendo como base los contenidos textuales
acordados por ambas delegaciones.
En ese
tiempo la COCOPA estaba conformada por dos
representantes del Senado de la República y
la Cámara de Diputados, éramos miembros de
cuatro partidos PAN, PRI, PRD y Partido del
Trabajo. La propia conformación plural de la
comisión impedía, que se pudieran introducir
conceptos no pactados por las partes.
De esta manera a fines de noviembre de 1996,
la COCOPA terminó la propuesta de Iniciativa
de Ley, y se la turno al Gobierno Federal y
al EZLN, al mismo tiempo, para su análisis y
observación.
Después de
ser analizada, dicha iniciativa por parte
del EZLN y la Comisión de Asesores que los
acompañaban, el Subcomandante Marcos, nos
informó a los integrantes de la COCOPA, que
si bien la Iniciativa presentada, no
abarcaba el conjunto de contenidos a los que
aspiraban, la aceptaban, con el ánimo de
continuar con los trabajos rumbo a la paz.
Cabe
mencionar, que el ánimo ente quienes
conformábamos aquella Comisión Legislativa,
fue de alegría y satisfacción, la parte
aparentemente más radical y con quienes
pensábamos habría mayores complicaciones,
para acordar el texto elaborado, lo había
aceptado en los mejores términos.
Pronto se
esfumarían las esperanzas que albergábamos.
El presidente Ernesto Zedillo, en un tono
desafiante y amenazante, nos dijo, que dicha
Iniciativa “balcanizaría al país”,
“fragmentaría la unidad nacional” y que
además la misma adolecía de técnica
jurídica.
A 26 años
de esos hechos, con los datos que aparecen
en la Página WEB de SEMARNAT, nos
encontramos con el dato sumatorio de 1994 al
2012, se entregaron mediante la vía de
concesiones mineras, explotaciones
forestales, energéticas y otro tipo de
actividades cerca de 96 millones de
hectáreas, o sea casi la mitad del país, a
empresas nacionales y extranjeras.
Durante el
periodo 2001-2015, la SE otorgó un total de
27,915 concesiones, de las cuales a 2015
continuaban vigentes 19,416, las cuales
abarcan una superficie de más de 36 millones
de hectáreas. Sean unos o sean otros los
datos, lo cierto es, que estas cifras
expresan una política irresponsable, que ha
generado situaciones de crisis y conflictos
que han repercutido seriamente en la
gobernabilidad del país.
Ante estos
datos habría que preguntar, a quienes
acusaban de que la Iniciativa de Ley
elaborada por la COCOPA, fragmentaría a la
Nación.
¿Cuál fue
la “técnica jurídica” que utilizaron para
entregar vía concesiones, esta parte tan
grande del territorio nacional?
En el año
2001 ante una nueva ofensiva política del
EZLN, que realizó una marcha exitosa y
multitudinaria de Chiapas a la Ciudad de
México, el presidente Vicente Fox, turno la
Iniciativa de Ley, aceptada por el EZLN al
Congreso de la Unión, en donde de nueva
cuenta, salieron a relucir “los fantasmas de
la supuesta fragmentación del país”.
Ya en el
Congreso, dicha iniciativa de Ley fue
desnaturalizada y las partes sustantivas de
la misma, las que tienen que ver con el
ejercicio pleno de los derechos colectivos,
fueron excluidas, dando como resultado el
contenido actual del artículo segundo
constitucional.
Pobreza
ancestral en los Pueblos Indígenas
Después de
más de 21 años de dicha reforma, los datos
oficiales, nos dicen, que dicha estrategia
aprobada no ha funcionado.
En el año
del 2016 el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
nos informaba que la población indígena en
México es la que concentra el mayor índice
de pobreza por sector al ubicarse con el
72.3 por ciento, comparada con la media
nacional (45.5), la rural (61.6) y la urbana
(40.6). Los Indígenas son los pobres entre
los pobres.
En las
zonas indígenas la utilización de la
tecnología es casi inexistente, siembran
como pueden, con escasos apoyos oficiales,
lo que profundiza la desigualdad y la
pobreza.
El último
censo agropecuario registra que solo el 4.5%
de las tierras de las comunidades indígenas
tienen disponibilidad de agua, solo el 13.7%
utiliza tractores que en la mayoría de los
casos son rentados y solo el 11.9% a
fertilizantes, herbicidas o semilla
mejorada.
La reforma
indígena del 2001 apostó porque serían los
programas sociales los que permitirían el
desarrollo de los pueblos y no el ejercicio
pleno de sus derechos, colectivos, hasta hoy
no incorporados a plenitud en el texto
constitucional.
Aparejada
a dicha reforma indígena, cabe destacar con
todo el apoyo de una red de funcionarios de
todos los órdenes de Gobierno, la industria
minera multiplicó sus ganancias y en
paralelo causando un enorme estropicio al
medio ambiente y a la vida comunitaria, sin
que sus resultados se vieran expresados en
mejores niveles de desarrollo de los pueblos
indígenas como tampoco el de las arcas
nacionales.
El nuevo
ciclo de la economía extractivista, a escala
mundial, ha impuesto una nueva lógica para
atraer a la inversión extranjera que se
impone violentamente para lograr la
obtención de minerales en su conjunto, que
remueve grandes volúmenes de recursos
naturales que no son procesados, y que están
orientados, sobre todo, para la exportación.
La minería
es una actividad en la cual los países
desarrollados están trasladando las
consecuencias negativas de la explotación de
los minerales a los países en vías de
desarrollo por la falta de barreras
regulatorias a la entrada de los capitales
extranjeros.
Los
efectos de esta política, al carecer de
limitaciones para el desarrollo de sus
proyectos, trastoca los territorios y agrede
al conjunto de los recursos naturales:
tierras, aguas, bosques, selvas y
biodiversidad, y altera las formas de
convivencia y de organización social.
Los
reiterados e impunes casos de violaciones a
la ley y a los derechos humanos por
compañías mineras, y el encubrimiento que
los tres poderes de la Federación les
prodiga, han obligado a la sociedad
organizada de diversas regiones a fortalecer
sus estrategias de autonomía para desarrollo
de sus proyectos, trastoca los territorios y
agrede al conjunto de los recursos
naturales: tierras, aguas, bosques, selvas y
biodiversidad, y altera las formas de
convivencia y de organización social.
Convenio
leonino con Canadá
El
atractivo que tiene el país para la
inversión minera extranjera se deriva de los
múltiples apoyos que existen, así como
convenios desventajosos para México; en
especial, el poco gravamen a la actividad
minera, sin tomar en cuenta la etapa en la
que se encuentre.
México
posee facilidades para la constitución de
empresas provenientes del extranjero al
tener acceso a un mercado potencial de más
de mil millones de consumidores y 63% del
PIB mundial, ya que cuenta con 28 Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones (APPRI) y acuerdos para
evitar la doble tributación con más de 40
países.
El
gobierno mexicano durante los periodos de
Vicente Fox y Felipe Calderón, suscribió la
firma con Canadá mediante decreto que
pretende evitar la doble tributación, que
significa implementar medidas para evitar
los supuestos de doble imposición de
impuesto sobre la renta internacional.
Una de las
principales desventajas asociadas en la
firma de este tipo de convenios es la
pérdida de recaudación ya que, al definir la
exclusividad de uno de los Estados para
gravar determinadas rentas o compartir la
tributación respecto de otras, conlleva
necesariamente a un menor ingreso fiscal por
la renuncia parcial a gravar en su totalidad
determinado tipo de ingresos como
dividendos, intereses o regalías.
En el caso
particular de la minería en México, nunca
antes en la historia del país se había
extraído tanto oro y plata como ahora y la
tendencia se hizo creciente a partir de los
últimos 30 años en donde se han otorgado
concesiones a empresas internacionales desde
la apertura comercial formalizada con la
firma del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN); la extracción de
oro en nuestro país es cada vez más
exacerbada y las ganancias por su
explotación se están sumando a las economías
extranjeras ya que un gran porcentaje de lo
que se explota en el país es exportado o
contabilizado en otras balanzas comerciales.
Lo
anterior lo hace posible una insuficiente
recaudación fiscal del 7.5 por ciento a la
minería y, en el caso del convenio firmado
con Canadá para evitar la doble tributación,
las rentas grabadas por este sector se
destinan finalmente en la autoridad
tributaria de ese país. Lo que implica que
la actividad minera en México no sea un
factor razonable en beneficio de los
ingresos obtenidos por la misma.
En síntesis, podemos decir que las compañías
mineras canadienses, se llevan el oro, la
plata, los demás minerales y además se
llevan los impuestos.
Producción
minera como nunca en la historia de México
Dada a su
ubicación geográfica tiene acceso a los
océanos Atlántico y Pacífico, y es
intermediario en los mercados de
Norteamérica y Sudamérica, donde el
crecimiento se está potencializando.
Debido a
sus riquezas naturales, México se posiciona
en el ámbito mundial, en el primer lugar en
la producción de plata, tercero de bismuto,
quinto de plomo, noveno de oro y décimo
primero de cobre.
De acuerdo con datos de la Camimex, en 2010
la participación extranjera en la minería
era de 70% dejando solamente 30% de
participación nacional. En la actualidad, la
participación extranjera en la minería en
exploración minera es del 70%.
De esta
cifra, Canadá participa con el 74%, USA con
el 15% y China con el 8.3%.
Canadá
como el país que más ha aprovechado la
tendencia privatizadora de México en el
sector minero. Tan sólo como ejemplo, de las
10 minas de oro más grandes en México, siete
están concesionadas a empresas de origen
canadiense: Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos
Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold
Resources, con la mayor producción de oro en
la mina Peñasquito, con 411,000 onzas de
producción
Como
ejemplo de esta bonanza, podemos afirmar que
del año 1994 al año 2016 se produjeron más
de 1253 toneladas de oro, más de 7 veces de
las que se produjeron durante más de 300
años de la Colonia.
Es obvio que, para producir estas
cantidades, se han utilizado miles de
toneladas de cianuro, de explosivos y
métodos de lo más bárbaro, con tal de
obtener el mayor número de ganancias.
En el
periodo 2006-2015 la recaudación por cobro
de derecho a la minería fue de 22,396.9
millones de pesos, los cuales representaron
el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos
que generó la explotación de minerales como
el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal,
fierro, yeso, dolomita
Esta
riqueza concedida a los consorcios mineros
privados se acompaña de exenciones fiscales,
autoridades serviciales, leyes laxas e
incumplidas, complicidades de funcionarios
públicos, daño ecológico, persecución
sindical, outsourcing, inseguridad e
insalubridad para los trabajadores, y una
enorme explotación de la mano de obra, entre
otras características, como en los mejores
tiempos de la Colonia
Ante estos
hechos nos preguntamos, ¿Si este es el
camino del Progreso y Desarrollo, que
reclama nuestro país y en especial la de
nuestros Pueblos Indígenas?
Cabe
mencionar, que un argumento, reiteradamente
utilizado, por los favorecedores de estas
supuestas políticas desarrollistas, es el de
que los Pueblos Indígenas se oponen a la
“Modernidad y el Progreso”.
Los que se han enriquecido con los recursos
que les pertenecen a la Nación y a los
Pueblos, los funcionarios de gobiernos y
después empleados de las empresas y
servicios que se privatizaron durante sus
gestiones acusan sin rubor alguno, que son
nuestros pueblos, los que se oponen al
desarrollo.
Por el
bien de la Nación, por respeto a la
República y por propia conveniencia para el
país, debe terminar el círculo vicioso, en
donde funcionarios o legisladores durante su
paso por los puestos públicos, generan las
políticas que benefician a empresas privadas
y nacionales y cuando terminan su
responsabilidad pública, se convierten en
empleados o gerentes de medio pelo, de esas
mismas compañías.
Este tipo
de acciones, entre otras, son las que han
generado un paulatino debilitamiento del
Estado Mexicano, que le impide tener la
fuerza necesaria para combatir los graves
flagelos que sufre la población mexicana,
entre ellos el de la inseguridad y el de la
pobreza.
Declaración de la ONU en materia de derechos
indígenas
Sin
embargo, así como hay acciones que deben ser
desterradas de la práctica política, cabe
destacar que ha habido acciones loables y
comprometidas por parte de funcionarios
mexicanos.
Para el
tema que el día de hoy nos ocupa podemos
resaltar el hecho que la diplomacia
mexicana, en el plano de la política
internacional, jugó un papel destacado en la
construcción de la Declaración de las
Naciones Unidas en materia de Derechos
Indígenas, aprobada por ese organismo el 13
de septiembre del año 2007.
La lucha
por la libre determinación y la autonomía,
el derecho a decidir en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y
locales y a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales,
manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si así lo desean, en la vida
económica, social y cultural del Estado; son
elementos que conforman una de las partes
más importantes de las demandas de nuestros
pueblos originarios, contenidos en dicha
Declaración Universal.
La
fortaleza de este documento de la ONU radica
en que expresa los sentimientos, las
demandas, los anhelos, las aspiraciones, lo
sueños y los reclamos centenarios de los
Pueblos Indígenas.
Cabe
destacar que la reforma al artículo Primero
Constitucional por parte del Poder
Legislativo en al año 2011 y la
determinación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de que “las normas
sobre derechos humanos contenidas en
Tratados Internacionales tienen rango
constitucional”, así como la resolución de
la misma Corte al “reconocer que la
jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es
vinculante para los todos los órganos
jurisdiccionales, siempre que dicho
precedente favorezca en mayor medida a las
personas” han constituido un valioso apoyo
para que los Pueblos Indígenas de México,
puedan tener un respaldo jurídico, que hasta
hace pocos años no existía.
Junto a esto, en el marco del Informe del
Grupo de Trabajo sobre el examen periódico
universal de las Naciones Unidas, México ha
aceptado las observaciones, que entre otros
aspectos se refieren al compromiso de
fomentar una mayor participación de los
Pueblos Indígenas, a través de una ley que
regule sus derechos de consulta previa,
libre e informada, asegurando la completa y
efectiva consulta de las personas indígenas
en la economía y el desarrollo de las
políticas y proyectos que las afecten.
Estamos
convencidos que una Ley de Consulta
Indígena, deberá ser la definición del marco
normativo, que le brindará certidumbre a la
Nación, a los Pueblos Indígenas, al Estado
Mexicano y en su caso a los posibles
inversionistas o empresarios, quienes
deberán reconocer que el desarrollo y el
progreso deberán caminar de la mano del
respeto a los derechos de los Pueblos
Indígenas.
Esta ley
deberá contener, las reglas básicas que
permitan construir acuerdos y procesar
diferencias, para que la voz de los pueblos,
sus demandas, preocupaciones y puntos de
vista, estén presentes en el diseño del
país, al que aspiramos todos los mexicanos.
Se trata de que todos ganen, no de que ganen
unos cuantos a costa de que los demás
pierdan.
Esta no es
una tarea sencilla, existen fuertes
intereses por impedir se concreten estos
anhelos, por ello es necesario construir una
amplia red de relaciones entre los Pueblos
Indígenas y Organizaciones de la Sociedad
Civil, que permitan establecer una
correlación de fuerzas favorable, para el
logro de este objetivo.
En medio
de la noche de terror, que nuestro país
vive, Los Acuerdos de San Andrés, significan
una luz de esperanza y son en buena medida
una alternativa para que la nación pueda
construir una nueva relación entre los
Pueblos Indígenas y el Estado Mexicano.
La
pregunta obligada en esta etapa de México es
la siguiente: ¿Andrés Manuel López Obrador,
tendrá la voluntad política de concretar su
compromiso de campaña, de cumplir los
Acuerdos de San Andrés Larrainzar? |