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Publicado en Los Ángeles Press
El gobierno de Baja California dijo haber invertido
50 millones de pesos para tecnología de pruebas
genéticas, pero las fosas comunes están intactas.
Investigaciones
Aline Corpus
Martes, 25 Julio, 2023
Hay 248 fosas clandestinas, más las fosas comunes
del gobierno sin realizar pruebas genéticas.
Hasta ahora no se cuenta con un solo informe de
pruebas genéticas en el estado.
Por Aline Corpus
TIJUANA.- Cuerpos apilados en fosas comunes, restos
óseos calcinados, fotografías borrosas, ausencia de
muestras genéticas, son apenas una parte del
peregrinar y el dolor que enfrentan los familiares
de los desaparecidos en Baja California, denunciaron
colectivos de búsqueda de Tijuana.
Integrantes del colectivo Movimiento Estatal por los
Desaparecidos de Baja California mencionaron que la
cifra de cadáveres en fosas comunes pudiera llegar a
los 16 mil, a lo largo de los años: restos apilados
uno sobre otro, cuyo costo de exhumación asumen las
familias de las víctimas.
“Lamentablemente, siguen enviando cuerpos (a las
fosas comunes) sin tomarles muestras de ADN, y hay
más de 16 mil cuerpos en Baja California sin prueba
genética para poder corroborar que son los que
nosotros buscamos”, subrayó Paula Sandoval León,
familiar de un joven desaparecido por secuestro e
integrante del Movimiento Estatal.
El presidente de la organización, José Fernando
Ortigoza Mugarte, agrega: “Ahí (en las fosas
comunes) podríamos localizar, quizá, al 70 por
ciento de nuestros desaparecidos”.
Además, a las fosas comunes hay que agregar los
cientos de cuerpos y restos óseos que están en 248
fosas clandestinas localizadas entre el año 2009 y
2022, que según datos entregados por la Fiscalía
General del Estado, a través de una petición por
Transparencia, existen en el estado.
Información oficial confirma que en Baja California
miles de cadáveres no cuentan con perfiles
genéticos.
También la fiscalía indica que en Baja California
hay 14 mil 426 desaparecidos sólo entre el año 2007
y el 2021, según documentó la organización civil
Elementa Derechos Humanos.
En enero del 2023, el fiscal Ricardo Iván Carpio
Sánchez presumió que Baja California tendría un
laboratorio con ADN nuclear y ADN mitocondrial, que
supuestamente acabaría con el rezago de pruebas
genéticas en máximo 40 meses, es decir, alrededor de
tres años.
Tan solo en la primera fase se dijo que se habían
invertido 50 millones de pesos en equipo robótico.
Hasta la fecha, no se cuenta con algún informe de
avance.
“No vamos a investigar”
Julio Alexander Guzmán Vázquez, de 42 años al
momento de su desaparición, tiene una mirada
tranquila en la foto que guarda de él su mamá en una
vivienda en California, Estados Unidos.
Nacido en Guatemala, su madre Juana Vázquez, de 66
años, lo describe como una persona preocupada por su
familia, trabajando en Tijuana luego de ser
deportado de Estados Unidos en 2014.
Residente de Canoga Park, un vecindario del Valle de
San Fernando, a Julio Alexander le iba bien en
California, pero no contaba con documentos y un día
fue deportado hasta Guatemala; Julio no quiso
quedarse ahí, intentó estar lo más cerca de sus
cuatro hijos, y prefirió residir en Tijuana.
Algunos años antes de su desaparición, Julio le dijo
a su madre que había encontrado trabajo en un Call
Center. “Ofrecía diferentes productos”, y “empezó
con las aseguranzas para los carros que cruzan la
frontera; luego vendió cosas para cocina, y en el
2020 me dijo que vendía páneles solares”, narra
Juana Vázquez.
En diciembre del 2020, julio estaba ansioso y pidió
dinero a sus familiares. Quería 500 dólares para
arreglar el drenaje de la vivienda que rentaba en la
colonia El Soler, al noroeste de Tijuana.
“Le dije que eso le correspondía al rentero, pero él
respondió que el dueño alegaba que entregó la
vivienda bien”, recordó su madre. Juana Vázquez le
envió 300 dólares, luego supo que una semana después
seguía pidiendo 500 dólares a su hermana, quien
también le envió otros 300 dólares.
La última comunicación de Julio con su familia fue
el 7 de enero del 2021. En cuanto pudo, su madre
viajó de California a la vivienda que rentaba su
hijo y confrontó al rentero.
“El señor no me pudo sostener la mirada”, relató,
“titubeó, dijo que Julio se había ido y que había
mandado recoger sus cosas con otra persona”. Al
principio, Juana Vázquez quiso creerle, pero con el
paso del tiempo, puso la denuncia por desaparición y
empezó la odisea. Nadie le daba razón de su hijo,
incluso contrató un investigador privado.
El 11 de noviembre del 2022, Juana Vázquez se
dirigió con el agente que llevaba la carpeta de
investigación de su hijo en el Centro de Apoyo para
Personas Extraviadas o Ausentes (Capea), pero el
oficial no estaba.
“Había otro agente que me dijo, ‘pues si quiere
busque ahí en las fotos’”, contó, “revisé la carpeta
y estaba ahí la foto de mi hijo con su tatuaje en la
mano izquierda que decía ‘Lupita’, el nombre de su
esposa, y la fecha de nacimiento de ella. Era él”.
“Lo habían localizado desde el 25 de febrero del
2021, en la calle Segunda del mismo fraccionamiento
donde vivía, prácticamente atrás de su casa”,
lamentó. Julio tenía huellas de violencia, murió por
impactos de arma de fuego, y lo dejaron en la parte
trasera de un vehículo Honda de modelo antiguo.
Pasó un año y 11 meses para que Juana Vázquez
ubicara a su hijo por casualidad. No hubo pruebas de
ADN, además, pagó más de 45 mil pesos entre la
exhumación, un ataúd, el traslado a California y dos
funerarias, una en México y otra en Estados Unidos.
Juana Vázquez quiso saber cuál fue la razón de la
muerte de su hijo, pero en la fiscalía le
respondieron que ella no había aportado suficientes
datos para que se abriera una indagatoria más
profunda, por lo que cerrarían el caso.
“No vamos a investigar”, le dijeron.
“Ya tengo 66 años”, expresó la madre de Julio, “lo
único que quiero es que me digan qué le pasó a mi
hijo, a veces lo único que me da consuelo es saber
que lo voy a extrañar pocos años, porque espero que
me quede poco tiempo para irme también”.
“Yo peleé por el ADN”
Paula Sandoval León es una mujer a la que le
secuestraron a sus dos hermanos en Tijuana, el 16 de
enero del 2020. Tras ser contactada por los
victimarios, logró negociar para que uno de ellos
regresara con vida al pagar un rescate.
Sin embargo, su segundo hermano, Jesús Daniel
Sandoval León, de 26 años al momento de la privación
de su libertad, no regresó, pese a que se pagó otro
rescate para tenerlo a salvo.
“Pedí la prueba de vida y no me la quisieron dar. Me
dijeron ‘necesitamos que pagues más dinero para
regresarte al otro’ y pagamos la segunda cantidad,
pero ya tenemos más de 3 años buscando y esperando”,
relató.
Sandoval León comenzó a hacer búsquedas en campo
desde el 18 de enero del 2020.
“Desde el primer momento noté que no recopilaban
ADN”, detalló Paula, “todavía a mí me tocaron los
libros (con fotos) deplorables, imágenes borrosas,
desgastadas por tantas personas que van a buscar,
pegadas con tape o pegamento, eran impresiones a
blanco y negro”.
En la actualidad, las fotografías son digitalizadas.
“Eran muchos calcinados, muchos los que no se podían
reconocer a plena vista”, expuso. “Yo pedía ADN (al
tener fotos borrosas) y me decían que no, que tenía
que haber algo que me indicara que podía ser el mío
(el familiar buscado), sin embargo, imagínate, ¿cómo
iba a saber si el cuerpo estaba totalmente
calcinado?”, contó.
“Es muy triste pasar por todo esto”, explicó, “nadie
sabe qué hacer, qué sigue, en quién confiar, a veces
dicen que te van a ayudar pero te perjudican, es
sumamente desgastante, a veces ya quieren cerrar el
caso lo antes posible”.
Meses después del secuestro de sus familiares, y
debido a su insistencia, la fiscalía aceptó tener la
prueba genética de su madre. “Yo peleé para que
tomaran la muestra de mi familia”, aseguró.
Como integrante del colectivo Movimiento Estatal por
los Desaparecidos de Baja California, la fiscalía
les ofreció una plática del proyecto de inversión
para las pruebas genéticas en desapariciones, pero
hasta la fecha no han sabido más.
Paula Sandoval aseguró que las autoridades les han
comentado que pudieran estar 16 mil personas en
fosas comunes. “Ese número nos lo dijeron las mismas
autoridades, pero tratan de no hacerla pública ni de
sacar estadísticas”, añadió, “la he pedido (de
manera formal), que me digan cuántos cuerpos hay en
una fosa común sin ADN y me la han negado”.
Hermano desaparecido de Paola Sandoval León
Hace falta capacitación en ciertas áreas del
gobierno y mucha sensibilización, exaltó.
“No culpo a todo el gobierno, hay personal que sí
quiere trabajar, pero hay otros que tienen muy mala
actitud, no les interesa, hay gente que está como
‘castigada’ en el área de desapariciones, creo que
deben tener más capacitación y elegir muy bien a su
personal”, insistió.
José Fernando Ortigoza Mugarte, presidente del
Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja
California, que agrupa a varias asociaciones de
búsqueda, señaló que hay una sospecha de que en las
fosas comunes podría estar el 70 por ciento de los
desaparecidos.
“Queremos sacar todos los ADN de los que están en
fosas comunes, no sabemos cómo le van a hacer, pero
tenemos un presentimiento de que ahí está el 70 por
ciento de nuestros familiares”, refirió.
¿Y el protocolo?
Desde julio del 2021, la Comisión de Implementación,
Seguimiento, Evaluación y Actualización del
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, publicó un extracto
del Protocolo Homologado.
En dicho documento se establece: “Al comenzar la
Búsqueda Individualizada las fiscalías tienen que
abrir una carpeta de investigación, entrevistar a
profundidad a la familia (…) tomarles muestras de
saliva o sangre para obtener su perfil genético,
pedir la comparación entre estos perfiles y los de
personas fallecidas no identificadas, conseguir las
huellas dactilares de la persona desaparecida, pedir
la comparación entre esas huellas y las de personas
fallecidas no identificadas”.
En Mexicali, el pasado 13 de julio, el fiscal
general Ricardo Iván Carpio Sánchez presumió que hoy
en día los perfiles genéticos pueden tardar horas, y
no seis meses como antes, que los nuevos
laboratorios de genética forense comprados por la
Intervención de la gobernadora, Marina del Pilar
Ávila Olmeda, arrojarían resultados de genética
entre 48 y 72 horas.
Además, dijo, hay 40 peritos en lugar de solo
cuatro.
Entre el 13 y el 19 de julio, se ubicaron al menos
14 cuerpos en un narcocementerio en la colonia
Miguel Alemán, en el valle de Mexicali, zona
colindante con San Luis Río Colorado, Sonora.
Con toda la tecnología que se presumió arrojaría
resultados en horas, la fiscalía tampoco ha
proporcionado un adelanto, explicación o informe, de
la identificación de los restos a través del perfil
genético.
Fuente: Infosavia
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