REPORTE TIJUANA | 13 de febrero de 2026 — En un despliegue que usuarios calificaron como desproporcionado y carente de criterio, inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) interceptaron esta mañana un autobús de la ruta "El Hongo" a la altura de la Macro Plaza, obligando a decenas de trabajadores y estudiantes a abandonar la unidad en plena vía pública.

La detención, justificada por los agentes como respuesta a una "denuncia ciudadana" del día previo, derivó en escenas de desesperación. Entre los afectados, una mujer suplicó entre lágrimas que le permitieran llegar a su destino, pues se dirigía a un hospital con horario estricto de visita para ver a su madre enferma y no contaba con recursos para costear un transporte privado tras haber pagado ya su pasaje.

Un conflicto ajeno que castiga al usuario
El origen del incidente fue una disputa sobre la tarifa preferencial. El chofer de la unidad explicó que, por políticas de la empresa, no se aplican descuentos a estudiantes de instituciones privadas. El día anterior, una estudiante de la Universidad de las Californias (UDC) denunció que se le negó el beneficio; sin embargo, el conductor señaló que la joven portaba accesorios de lujo y artículos de belleza, cuestionando la validez del reclamo ante la situación económica del gremio.

A pesar de que el reglamento permite sancionar administrativamente a la unidad o al chofer, los patrulleros del IMOS optaron por la medida más drástica: paralizar el servicio y dejar a los ciudadanos a su suerte, intentando obligarlos a transbordar a rutas que ni siquiera se dirigían a sus destinos originales.

Análisis Legal: ¿Qué reglamentos violó el IMOS?
El actuar de los inspectores no solo fue insensible, sino que incurre en faltas graves al marco jurídico de Baja California:

Abuso de Autoridad y Arbitrariedad: Según el Código Penal del Estado, el servidor público que, en ejercicio de sus funciones, beneficie a un interés particular o perjudique a un tercero sin causa legal justificada, comete abuso de autoridad. En este caso, el castigo recayó sobre el usuario (tercero) y no exclusivamente sobre el prestador del servicio.

Violación al Reglamento de la Ley de Movilidad: El reglamento establece que las sanciones deben aplicarse de forma que se garantice la continuidad del servicio. Detener una unidad con pasaje a bordo y obligar el descenso sin ofrecer una alternativa real y directa de transporte es una violación al derecho humano a la movilidad.

Responsabilidad Civil por Daños: Al impedir que la pasajera llegara al hospital y que los trabajadores llegaran a sus puestos, el IMOS genera una responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados por la negligencia de sus agentes.

Protocolo de Detención: Los protocolos de inspección dictan que, salvo en casos de riesgo inminente (falla mecánica grave o chofer alcoholizado), la unidad debe terminar su recorrido o asegurar el trasbordo eficiente antes de ser remitida al corralón. Un conflicto de tarifas no justifica el abandono de pasajeros en la vía pública.

La voz de la ciudadanía
"Es un abuso de autoridad total", comentó uno de los pasajeros afectados. "Si el chofer cometió una falta, que le multen la placa o se lleven el camión en la terminal, pero ¿por qué castigarnos a nosotros que ya pagamos y tenemos horarios que cumplir?".

Hasta el momento, la dirección del IMOS no ha emitido un comunicado oficial sobre por qué se priorizó una sanción administrativa sobre el derecho de los ciudadanos a llegar a sus destinos.