COPARMEX: Constitución política y sus proyectos de
reforma, desafío político para 2024
Tijuana, B.C., 8 de febrero de 2024.- El presidente
de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís, afirmó que al cumplir 107 años
de haber sido promulgada nuestra Constitución no es un documento más,
sino que representa el punto de encuentro de los mexicanos donde está
establecido el tipo de nación que queremos ser, el tipo de gobierno que
nos hemos dado y establece, con total claridad, nuestros derechos y
nuestras obligaciones como ciudadanos.
Mencionó que además cumple una función primordial que es el abrir lo más
posible el abanico del reconocimiento de nuestros derechos y acotar,
hasta donde se requiere, a los poderes y a la autoridad.
La Constitución, agregó, es nuestro escudo y defensa ante cualquier
abuso de gobierno y que por eso es que nada ni nadie puede estar por
encima de ella, y cualquier reforma o modificación que sufra debe
provenir de un amplio consenso.
Puntualizó que esa es la razón de que cualquier cambio requiere de las
dos terceras partes de los integrantes de las Cámaras y la mayoría de
los Congresos locales para ser aprobado.
Roberto Vega, refirió que en Coparmex se ha podido distinguir que las 20
reformas propuestas por el Presidente tienen diferentes propósitos y
alcances, y que no se pierde de vista que han sido presentadas a poco
más de 7 meses de que concluya la presente administración, en un
contexto de alta polarización política, donde el próximo periodo
ordinario de sesiones coincidirá plenamente con los meses de la campaña
electoral y con una composición del Congreso en la que, de no haber una
labor intensa de construcción de acuerdos y de consenso, las reformas a
la Constitución no podrían ser aprobadas.
Comentó que se distingue las reformas planteadas en los distintos
bloques:
1. Reformas marginales. Algunas iniciativas consideran cambios
marginales al texto constitucional o son temas ya considerados en la
Carta Magna. Por ejemplo, se plantea reconocer a las comunidades
indígenas o afromexicanas como sujetos de derecho público, cuando desde
el 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
una reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades
afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de
la Nación.
Otra es la reforma en materia de austeridad y remuneraciones de
servidores públicos que hoy en día ya están legislados. En un caso
similar se encuentran la de atención médica universal y gratuita. Si
bien, es un tema muy importante, ya está establecido que todos los
mexicanos tienen el derecho a la protección de la salud reconocido en el
artículo 4º constitucional, el problema no es de leyes sino de su
cumplimiento. Y la reforma para prohibir vapeadores (cigarrillos
electrónicos), sustancias tóxicas y drogas sintéticas (fentanilo), la
reforma que no habla de ningún tipo de sanción en específico ni cuáles
son las consecuencias, consideramos que la Constitución no es el
instrumento jurídico donde debe abordarse, incluso debe distinguirse el
uso médico del fentanilo para cirugías que esta reforma podría impedir.
La redacción de las distintas reformas no es clara, porque si bien
pretende impedir la producción y distribución de sustancias podría
terminar criminalizando a las personas que ya sufren una adicción,
quienes más que sanciones requieren atención médica especializada, eso
sería materia de leyes secundarias y reglamentos.
La reforma en materia de maltrato animal cae en este rubro porque ya
existe una Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente que fue reformada en 2021 para extender facultades al gobierno
en materia de protección a los animales. También en el año 2000 se
publicó la Ley General de Vida Silvestre, y en 2007 la Ley Federal de
Sanidad Animal que habla de procurar el trato digno y el bienestar
animal, incluso define obligaciones para propietarios y poseedores de
animales domésticos o silvestres en cautiverio; existen además leyes
locales en 31 estados y en 29 leyes locales específicas para el cuidado
animal. Incluir el texto en la constitución (Artículos 3º. y 4º.) poco o
nada abonaría.
2. Reformas positivas y/o urgentes. En COPARMEX, desde principios de
2023, respaldamos la necesidad de facultar al Congreso para poder emitir
una Ley General contra la Extorsión, respaldamos la reforma
constitucional que se aprobó en comisiones a finales del año pasado al
ser el primer paso necesario y exigimos, en su momento, que se llevara
al Pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, respaldamos la urgencia de
que este tema se apruebe cuanto antes dado que en este delito hay poco
más de una víctima por hora y la extorsión tuvo un aumento del 48%
durante este sexenio en comparación con el anterior, de acuerdo con el
número de carpetas de investigación.
En el mismo caso se encuentra la de Salarios Mínimos que propone que su
incremento nunca esté por debajo de la inflación. Esto va en línea con
el Modelo de Desarrollo Inclusivo que promovemos en COPARMEX y es una
condición indispensable para que los trabajadores no pierdan poder
adquisitivo.
La reforma que promueve la inclusión laboral de jóvenes es un acierto ya
que es positivo que reciban apoyo económico pero que se encuentre
vinculado a que se capaciten para el trabajo, es de hecho coincidente
con el espíritu del Modelo de Formación Dual que impulsamos desde hace
más de 10 años en COPARMEX inspirado en el modelo alemán.
3. Reformas preocupantes. En este rubro se encuentran las relativas al
desmantelamiento institucional y la concentración de poder.
La reforma electoral, por ejemplo, plantea la desaparición del INE y la
eliminación de los legisladores de representación proporcional que han
asegurado la pluralidad en el Congreso. La elección popular de los
Ministros, Magistrados y Consejeros electorales sería un enorme riesgo
dado que los cargos no los ocuparían los más capaces, sino los más
populares.
La reforma en materia eléctrica es un contrasentido ya que representa
insistir en una propuesta recientemente rechazada por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, antagónica a tratados internacionales y que
terminaría afectando a los consumidores, a los productores de energías
renovables y al medio ambiente.
La reforma que apuesta por la militarización de la Guardia Nacional al
transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, no se entiende
porque debe preservarse la separación entre las corporaciones civiles y
las militares.
La eliminación de los Órganos Autónomos es inadmisible ya que estos han
permitido consolidar nuestra democracia y la vigencia de derechos como:
el de acceso a la información pública (INAI); gozar de los beneficios de
la libre competencia (COFECE); de mejores servicios de telefonía (IFT);
conocer evaluaciones de la política social y su eficiencia (CONEVAL); o
del regulador del mercado energético (CRE).
La reforma en materia de simplificación administrativa desaparecería
instituciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF) que han demostrado su beneficio
protegiendo a los mexicanos.
La reforma para promover el Servicio Ferroviario de Pasajeros es una
reforma al Artículo 28, para llevar a la Constitución el Decreto
publicado el 20 de noviembre de 2023 en el que se considera área
prioritaria para el desarrollo nacional el transporte ferroviario de
pasajeros. Esta tiene dos cuestiones delicadas: Primero, se piensa
“retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el
servicio de transporte de pasajeros” lo que implicaría afectar
concesiones ya otorgadas a particulares para transporte de carga que
están vigentes y podría tener implicaciones en materia de certidumbre
jurídica o derivar en litigios. Segundo, se considera no licitar sino en
“asignar” a privados esos proyectos. Si bien el ánimo de promover los
trenes para transporte de pasajeros podría ser positivo la forma en que
pretende ejecutarse podría afectar derechos adquiridos o concesiones en
curso, y no generaría una libre competencia ya que sería la autoridad
quien “asigne” los proyectos.
4. Reformas que requieren amplio debate. Las relativas a Programas
Sociales, por ejemplo, requieren un amplio análisis; ya que los apoyos y
becas son muy necesarios, pero no se establece con claridad de dónde
saldrán los recursos para sostenerlos o ampliarlos como ocurriría si se
reduce la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 68 a 65 años
de edad.
Por otro lado, la fijación de precios de garantía distorsionaría el
mercado afectando la oferta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
La reforma en materia de pensiones es otra que requiere un debate muy
profundo porque no es claro cuál será la fuente efectiva y real de los
recursos que aportaría el gobierno. Se señala la creación de un Fondo de
Pensiones para el Bienestar que se integraría a partir de aportaciones
provenientes en un 75% del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado;
de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero; de los ingresos que se obtengan de la venta
de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo; de los montos de los adeudos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la
Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos,
así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y
judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de
cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS; así
como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley
del Seguro Social y 37 de la Ley del INFONAVIT, garantizando en todo
momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los
trabajadores. Incluso se habla de que el Fondo se complementaría con
aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos
del Poder Judicial de la Federación, esto es algo que está controvertido
actualmente ante la Suprema Corte. Por lo tanto, si bien es positivo
pensar en incrementar las pensiones, es necesario un debate para que las
fuentes de recursos públicos para las aportaciones adicionales sean
sólidas y estables en el largo plazo, advertimos que en sus términos la
reforma derivaría o en tener que reorientar recursos de otros rubros del
gasto público como podrían ser salud o educación, o en mayor
contratación de deuda que terminaríamos pagando todos los mexicanos.
El llamado de COPARMEX
Roberto Vega, expresó que a COPARMEX le preocupa que este paquete de
reformas se haya presentado en un momento poco propicio para su
discusión porque, al presentarse de manera simultánea al proceso
electoral, su discusión podría verse condicionada. De igual manera,
pareciera que no se considera que dichas reformas requieren del consenso
entre fuerzas políticas.
Consideró que, así como deben ser analizadas estas propuestas en el
Congreso para conocer su viabilidad, también deberán escucharse los
planteamientos de la oposición que ha considerado analizar temas de
relevancia como el restablecimiento del Seguro Popular, las estancias
infantiles o la jornada escolar de tiempo completo que serían de enorme
ayuda para las familias.
COPARMEX, añadió, alza la voz y advierte que existen una serie de temas
que deberían estarse abordando con urgencia y que no están considerados
en las reformas planteadas.
Dijo que el país enfrenta condiciones muy críticas por la inseguridad,
un crecimiento preocupante de zonas de influencia del crimen organizado,
asaltos al transporte en muchas carreteras del país, desplazamientos en
comunidades, población migrante en aumento; al igual que el desabasto de
agua y el de medicamentos y vacunas.
"Nuestro llamado es para que en el Congreso se discutan a fondo los
temas que inquietan y preocupan a la población, y que no se apueste por
la regresión democrática mediante el desmantelamiento de instituciones
que han servido para que hoy gocemos de nuestros derechos. Bien lo dijo
Benito Juárez, se debe gobernar con plena sujeción a las leyes, y no hay
ley más importante que la Constitución. Por lo tanto, en este
aniversario de nuestra Carta Magna, recordamos que tener un Estado de
Derecho sólido pasa por la ineludible responsabilidad de todos para
respetarla y acatarla", concluyó.
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